CONTRATO DE CUOTA LITIS


El cliente y el abogado responsabilidad de dar y hacer, cuando un cliente se acerca a un abogado para que éste le ayude con alguna situación en termino legales, surge la interrogante; cómo será el pago, cuánto es el monto y como serán las cuotas. Para tal fin existe lo que se conoce como contrato de Cuota Litis que más adelante detallaremos.


El contrato de Cuota Litis es un convenio entre el abogado y su cliente, donde el primero asume la representación y defensa en justicia del segundo, y éste último se obliga a remunerar ese servicio.


Este contrato en ocasiones requiere ser homologado con el juez, éste en dicha homologación no podrá apartarse de lo convenido en dicho acuerdo, en virtud de las disposiciones del artículo 9, párrafo III, de la Ley núm. 302, de 1964, sobre honorarios de abogados, cabe destacar que no se puede confundir con aprobación por tarifas de gastos y honorarios del servicio.


En ese mismo orden, cuando las partes cuestionan las obligaciones emanadas de un contrato de Cuota Litis, nace una contestación de carácter litigioso entre ellos, la cual debe ser resuelta mediante un proceso contencioso, en el cual las partes en Litis puedan servirse del principio de la contradicción procesal, y en consecuencia puedan aportar y discutir las pruebas y fundamentos de su demanda, y que en este proceso se salvaguarde el doble grado de jurisdicción, a fin de que pueda ser instruido y juzgado según los procesos ordinarios que permitan una garantía efectiva de los derechos de las partes, en especial su derecho de defensa y de acceso al tribunal conforme a los procedimientos establecidos, por aplicación del principio del debido proceso de ley, es decir que cuando se trate de impugnar un acuerdo de Cuota Litis, este solo puede ser objeto de las acciones de derecho común correspondientes.


En esos términos se refirió la Primera Sala de nuestra SCJ, en su sentencia No. 21-2017, de fecha 15 de enero del 2017, cuando establece que el auto que homologa un acuerdo de Cuota Litis, simplemente aprueba administrativamente la convención de las partes, y liquida el crédito del abogado frente a su cliente, con base a lo pactado en el mismo, razón por la cual se trata de un acto administrativo emanado del juez en atribución voluntaria o graciosa o de administración judicial, puede ser atacado mediante una acción principal en nulidad, por lo tanto no estará sometido al procedimiento de la vía recursiva prevista en el artículo 11 de la Ley núm. 302 citada; pero la corte al conocer el recurso de impugnación del que fue apoderada obvió determinar que el auto impugnado no era susceptible de este recurso, por tratarse de una decisión puramente administrativa, por lo que la sentencia atacada debe ser casada por vía de supresión y sin envío, por no quedar nada que juzgar, mediante el medio suplido de oficio por esta Corte de Casación, por tratarse de una regla de orden público.


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