POR QUÉ LA LEY 155-17 SOBRE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El fenómeno de la corrupción es uno de los problemas de más alto impacto en la sociedad a nivel mundial, ya que se presenta como una barrera hacia el desarrollo y crecimiento de los capitales que en teoría deben terminar en beneficio de toda la ciudadanía de un país.


Dado este fenómeno y el crecimiento de las organizaciones criminales, que con los acto ilícitos generan grandes cantidades de dineros, que luego necesitan ingresar al sistema financiero con el objetivo de blanquearlo que aparenten que fueron generados actos e negocios lícitos para su posterior uso de bienes y servicios, República Dominicana no está excluida; del punto que la corrupción y el lavado de activos para y el financiamiento al terrorismo tiene un impacto social y económico, me motivó a buscar que implica anualmente el lavado de activos a nivel global; el FMI la ONU tiene estadísticas que oscilan entre los 300 y 500 miles de millones de dólares estimando que representa entre el 2% a 5% del PIB a nivel mundial.


Ahora bien, que es el lavado de activos, se puede decir que es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal procesa las ganancias financieras que resultan de sus actividades ilegales. Normalmente el dinero proveniente de lavado se coloca en el sistema financiero por vía de empresas fantasmas y luego lo ingresan ya transparentado al sistema para la compra de vehículos de alta gama, inmuebles y otros objetos de lujo.


Dada la problemática y el poco fortalecimiento de la prevención en República Dominicana el junio del dos mil diecisiete fue promulgada la ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, lo cual trae nuevos retos para toda la sociedad y muy especialmente para las entidades de intermediación financieras y los denominados sujetos obligados, trayendo consigo consecuencias muy graves contra todos aquellos que violen lo establecido en la ley.


La principal tarea de los sujetos obligados es mantener informada a la Unidad de Análisis Financieros y en tal sentido establece ciertos parámetros para que le notifique de las transacciones sospechosas que son aquellas transacciones, efectuadas o no, complejas, insólitas, significativas, así como todos los patrones de transacciones no habituales o transacciones no significativas, pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, o que generen una sospecha de estar involucradas en el lavado de activos, algún delito precedente o en la financiación al terrorismo; todo según el artículo 2.


También el artículo 64 establece que se “prohíbe a toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo, monedas y billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales preciosos”, por lo que con dicha disposición veremos limitado todo el pago en efectivo en las transacciones.

Los abogados y las instituciones que intervengan deberán de asegurarse de que el pago fue real y que ha quedado constancia de ello por los medios establecidos por la ley.

Ya que el objetivo es disfrazar la procedencia, fuente ilícita, propiedad y utilización de las ganancias cuyo origen es criminal.


Las penas en el artículo 75 están tipifica de muy graves, graves y leves. Para las muy graves las multas van de RD$2 MM a RD$4 millones por cada infracción; para las graves de RD$1 MM a RD$2 MM; mientras que para las leves van de RD$300,000 a RD$1 MM.

En el artículo 72, de la referida ley, se establece responsabilidades para las personas que ejerzan cargos de administración o dirección.


Planteado este punto, los objetivos de la Ley según el capítulo I, artículo 1, consiste en establecer las siguientes condiciones:

Referencia: Ley 155-17

· Los actos que tipifican el lavado de activo, las infracciones precedentes y determinantes y el financiamiento del terrorismo, así como las sanciones penales que resulten aplicables.

· Determinar las técnicas especiales de investigación, mecanismo de cooperación y asistencia especial, internacional y medida cautelares aplicables en materia de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

· Establecer el régimen de prevención y detención de lavados de activos, financiamiento de lavados para la proliferación de armas de destrucción máxima, determinando los objetos obligados, sus obligaciones y prohibiciones, así como las sanciones administrativas que se deriven de su inobservancia.

· La organización institucional, orientada a evitar el uso del sistema económico nacional en el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de las armas destructivas.

Una inclusión muy importa de la ley 155-17 es son las pautas que estable en cuanto a los sujetos obligados no financieros como son los abogados, Notarios, Contadores, Empresas de factoraje, Personas físicas o jurídicas que se dedican de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, barcos y aviones, Agentes inmobiliario, Empresas constructoras, Fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública, Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas, Empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de armas de fuego, Casas de empeño.

Aunque la aplicabilidad de ley no es ajena a la garantía del debido proceso, en ese sentido el nivel de acción de las autoridades, en este caso los órganos competentes según el sujeto obligado de que se trate, estará enmarcado dentro de la legalidad, razonabilidad y la pertinencia.

Siempre y cuando los sujetos obligados cumplan de manera eficaz y transparente con sus deberes de control y rendición de cuentas, según los parámetros indicados en la norma, la autoridad competente no necesitará exceder en sus mecanismos de vigilancia y/o constreñimiento.

Todos somos responsable en el sistema para el control del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, desde la identificación y reporte de alertas o sospechas una transacción ilícita enfocada al blanqueo de capitales; y los sujetos obligados financieros y no financieros deben cumplir con los lineamientos establecidos en la ley 155-17 y la normas cada sector como la que regula las asegurados y el corretaje del mismo, las ventas de vehículos, abogados, contadores; el sector de los casinos, las armerías, joyerías y casa de empeño.


Referencia: Normas 104-17, 01-18, 02-18, 03-18, 04-18, 05108


En tal sentido se debe aclarar que de acuerdo con el Art. 54 de la Ley 155-17, a los fines del reporte de transacciones en efectivo, es considerada como una sola transacción todas las operaciones realizadas en favor de una misma persona en un sujeto obligado cuando la misma es realizada en un plazo de 24 horas; también de acuerdo con el Art 52 al 55 solo deben ser reportadas a UAF los reportes de operaciones en efectivo que exceden los US$15,000.00 y reportes de operaciones sospechosas.

Cualquier otro tipo de reporte exigido por normativa sectorial, como sería, reporte de no operaciones en efectivo o reporte de que no se realizaron operaciones sospechosas, sólo deben ser remitidas al regulador que la haya pedido.


La República Dominicana es signataria de las normativas internaciones para el control del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo como son la convención contra la delincuencia organizada transnacional, convención de Viena; también contamos con las recomendaciones del GAFI es decir tenemos a disposición todas una maquinaria jurídica para el fortalecimiento de las barreras en contra del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.


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